En 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las autoridades encargadas de la investigación de muertes violentas tienen la obligación de realizar las diligencias sobre perspectiva de género. El caso de las mujeres transgénero no es la excepción y debe ser tomado en cuenta como una doble consideración del contexto de la víctima.
Dicha normativa no fue puesta en práctica sino hasta 2016, cuando llegó el caso de Paola Buenrostro, el primer transfeminicidio reconocido en la Ciudad de México. Sin embargo, este caso no fue tan sencillo y estuvo marcado por negligencia, discriminación e impunidad por parte de las autoridades.
El 30 de septiembre de 2016 Paola Buenrostro fue asesinada a balazos. Su amiga Kenya Cuevas fue testigo de dicho acontecimiento, ambas eran trabajadoras sexuales. El asesino confesó que la había matado tras escuchar su voz y descubrir que era una persona transexual, pero a pesar de esto, el responsable fue liberado tan sólo 48 horas después.
Pero esta no sería la única irregularidad por parte de autoridades, el suceso fue descrito como un crimen de odio. Los dictámenes relataban el homicidio de un hombre llamado “Manuel”, “Alejandro” o “sexoservidor”.
La Comisión de Derechos Humanos explicó que se estaba violando el derecho a la identidad de género. Tres años después la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México reconoció el asesinato como un transfeminicidio.
En 2019 México se convirtió en el segundo país en América Latina con más transfeminicidios. La mayoría de estas víctimas son trabajadoras sexuales, la mayoría de estos crímenes quedan impunes.
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