El dictador peruano Alberto Fujimori realizó un acto criminal que afectó a la humanidad a gran escala. Durante su gobierno más de 300 mil mujeres indígenas se esterilizaron de manera obligatoria.
Fue en el año de 1995, cuando Fujimori implementó un Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar con el objetivo de reducir la natalidad en las regiones más marginadas de Perú.
Desafortunadamente este crimen también ha sido aplicado en diferentes sectores marginales y poblaciones indígenas de Latinoamérica. Este proceso médico afecta la fertilidad de forma permanente y sin el consentimiento de la víctima.
En la década de los 90’s, muchas mujeres fueron sometidas a esterilizaciones forzadas bajo un programa denominado “Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria”; entre los requisitos para someterse a este programa estaba que las mujeres fueran indígenas y de bajos recursos.
Fujimori se aprovechó de la ignorancia de estas mujeres para someterlas y obligarlas a renunciar a sus tradiciones y cultura accediendo a recibir este “tratamiento”.
Esta anticoncepción se usaba como un requisito (o chantaje) para acceder a programas sociales de infraestructura o apoyos gubernamentales. Desafortunadamente también era muy común amenazar a las víctimas directamente diciéndoles que serían detenidas por la policía o eran los esposos los que eran convencidos para firmar un documento (cabe recalcar que este documento carecía de validez) donde otorgaban el permiso para practicar la esterilización en sus mujeres.
Alberto Fujimori fue declarado culpable y se encuentra pagando por sus crímenes en una prisión, aunque desafortunadamente los delitos relacionados con la política de esterilización no forman parte de su condena.
No se pueden deshacer estos atroces crímenes, pero al menos todavía se puede luchar por la justicia y la verdad, esperando que ya no haya mujeres que se vean obligadas a sufrir estos actos de injusticia.
Fuente: Cultura Colectiva
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