La madrugada del 5 de agosto de 1939, al finalizar la terrible Guerra Civil de España, trece mujeres fueron ejecutadas contra la tapia del cementerio de la Almudena (Madrid). El gobierno de Francisco Franco atentó contra sus vidas, debido a que pertenecían a la militancia en la organización Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y defendían a capa y espada la legalidad republicana.

Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brissac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, Joaquina López Laffite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente, son nombres que no se deben olvidar, es necesario mantener siempre en mente los nombres de las trece mujeres que lucharon incansablemente contra una dictadura que atentaba contra sus derechos. Todas ellas oscilaban entre los 18 y 29 años de edad, en ese entonces, nueve de ellas eran menores de edad, considerando los 21 años como mayoría de edad.

Previo a su sentencia de muerte por el Consejo de Guerra, bajo el acuse de delito por «adhesión a la rebelión», cada una de las jóvenes fueron recluidas y torturadas en instalaciones policíacas, con el fin de obtener información sobre los demás miembros de la organización clandestina. Más tarde fueron trasladas al Centro Penitenciario de Mujeres de Ventas, en Madrid, donde permanecieron hacinadas por meses.

El lamentable suceso se desató el 29 de julio de 1939, cuando el comandante de la Guardia Civil, Isaac Gabaldón, fue asesinado por tres militantes de la JSU. Tras este hecho,  los militantes de la Guardia Civil tomaron medidas escabrosas: la ejecución de todos aquéllos que estuvieran detenidos, entre ellos se encontraban las trece mujeres. Así fue como dos días después, las víctimas fueron trasladadas y fusiladas a 500 metros de la prisión.

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